Policía no presentó pruebas y tribunal ordena devolución de motocicleta retenida
Hato Mayor, R.D. – La Cámara Penal del Distrito Judicial de Hato Mayor acogió una acción de amparo interpuesta por el abogado Juan Silvestre en representación de un ciudadano que denunció la retención ilegal de su motocicleta por parte de la Policía Nacional, ordenando la entrega inmediata del vehículo y estableciendo una sanción económica de RD$5,000 por cada día de incumplimiento de la sentencia tras su notificación.
Durante sus declaraciones, Silvestre aseguró que el vehículo fue retenido por agentes bajo el mando del coronel Robert Abreu, quien presuntamente se negó en reiteradas ocasiones a devolver la motocicleta, pese a que el propietario acudió en más de ocho oportunidades a reclamarla de manera pacífica.
El jurista explicó que la decisión del tribunal se fundamenta en la protección del derecho de propiedad consagrado en el artículo 51 de la Constitución, al considerar que la retención prolongada del vehículo sin sometimiento judicial ni autorización legal constituía una vulneración de los derechos fundamentales del ciudadano afectado.
Silvestre sostuvo que la Policía Nacional dispone de un plazo de 48 horas para realizar las investigaciones correspondientes tras la incautación de un vehículo y remitir el caso al Ministerio Público si existen méritos para un proceso judicial. De lo contrario, afirmó que el bien debe ser devuelto a su propietario, ya que mantenerlo retenido de manera indefinida representa una actuación arbitraria.
El abogado denunció además que numerosos ciudadanos han optado por no reclamar motocicletas y pasolas retenidas debido al temor a posibles represalias, señalando que algunos vehículos incluso han sido trasladados a Santo Domingo y San Pedro de Macorís sin que sus dueños logren recuperarlos.
Tras la decisión judicial, Silvestre exhortó a las personas que consideren haber sido víctimas de retenciones arbitrarias de vehículos a ejercer las acciones legales correspondientes para hacer valer sus derechos ante los tribunales.
La sentencia emitida este miércoles constituye un precedente importante en la provincia de Hato Mayor respecto a la protección del derecho de propiedad y al control judicial de las actuaciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
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