Un adefesio judicial en El Seibo que hay que enmendar
Por Manuel Antonio Vega
Lo ocurrido en El Seibo no es un error de cálculo, ni una confusión de nombres, ni un descuido burocrático.
Es un secuestro institucional.
Que un estudiante de medicina, con un futuro por delante, sea enterrado vivo en una celda por 20 años bajo la identidad de un hombre muerto hace 11 años, es un acto de barbarie judicial que debería provocar la renuncia inmediata de toda la cadena de mando involucrada.
La Policía como fábrica de ficciones, pues todo comenzó con la brutalidad y el engaño.
Según las denuncias, agentes policiales no solo detuvieron arbitrariamente a Carlos Martínez, sino que lo obligaron mediante la fuerza y la coacción a aceptar una identidad ajena.
Aquí no hubo “investigación”; hubo la fabricación de un culpable para llenar una cuota estadística.
Cuando la policía decide quién es quién por encima de la realidad biológica y legal, deja de ser un cuerpo del orden para convertirse en una banda de falsificadores de destinos.
La complicidad del Ministerio Público y el Juez
¿Dónde estaban los ojos de los fiscales? ¿Dónde estaba la mínima diligencia de los jueces?
Dictar una sentencia de dos décadas sin verificar la existencia física de la persona procesada es una negligencia criminal.
Es inadmisible que el sistema judicial dominicano opere con tal desprecio por la vida humana que ni siquiera se tome la molestia de confirmar si el acusado en el banquillo coincide con el acta de nacimiento del expediente.
El Joven Carlos Martiez es oriundo de Las Terrenas, Samaná, y tenia pocos días de haber llegado a El Seibo a hacer su pasantía como médico en el hospital público de esa localidad.
En este caso, la justicia no fue ciega; fue indiferente, perezosa y cómplice.
Permitir que un expediente avance con la identidad de un fallecido desde 2013 es una burla a la inteligencia del país y una bofetada a los derechos fundamentales.
Mientras Carlos Martínez se consume en una prisión desde 2019, el sistema se siente satisfecho por “haber resuelto un caso”.
Lleva siete años en prisión por un crimen no cometió.
Pero lo que resolvieron fue el hundimiento de un joven inocente para ocultar la ineficiencia de un sistema que prefiere condenar a un vivo con el nombre de un muerto antes que admitir que no tienen al verdadero culpable.
Este no es un caso “raro” o “insólito”, es un caso vergonzoso.
Es la prueba de que en la República Dominicana, cualquier ciudadano puede ser borrado de la existencia y sustituido por un fantasma si así le conviene a la narrativa de un destacamento o de una fiscalía inepta.
Exigimos más que la libertad inmediata.
Exigimos:
Juicio y castigo para los agentes que detuvieron y coaccionaron al estudiante.
Investigación disciplinaria y penal para los fiscales y jueces que firmaron este adefesio jurídico sin verificar la identidad del imputado.
Indemnización total por el daño moral, físico y profesional causado a un joven cuya carrera de medicina ha sido mutilada por el propio Estado.
La justicia dominicana está hoy en el banquillo de los acusados.
La justicia, para ser tal, debe fundamentarse en la verdad.
Cuando un tribunal dicta sentencia basada en una ficción, lo que se emite no es una condena, sino un atentado contra el Estado de Derecho.
El caso de Carlos Martínez, el estudiante de medicina condenado en El Seibo a 20 años de prisión bajo la identidad de un hombre fallecido hace más de una década, no es solo un “error administrativo”; es una tragedia kafkiana que desnuda la negligencia institucional.
La Identidad como Condena
Es difícil procesar cómo, en la era de la biometría y la interconectividad de datos, un ciudadano puede ser obligado por las autoridades a “adoptar” la identidad de un muerto.
Que agentes policiales y, presuntamente, auxiliares de la justicia hayan forzado a un joven a asumir el nombre de Alejandro Martínez Mota (fallecido en 2013) sugiere una de dos realidades aterradoras: o una incapacidad técnica absoluta o una voluntad deliberada de cerrar expedientes a costa de cualquier chivo expiatorio.
La Investigación Policial: ¿Cómo es posible que no se verificara el acta de defunción de la identidad suplantada?
Mientras Alejandro Martínez Mota descansa en paz desde hace 11 años, en el camposanto, Carlos Martínez sufre una muerte civil en vida, viendo sus sueños de medicina truncados por un retén policial que se convirtió en el inicio de una pesadilla sin lógica alguna.
La libertad de Carlos no debería ser el final de esta historia, sino el inicio de una auditoría profunda en el distrito judicial de El Seibo.
No basta con enmendar el error; es imperativo identificar a los responsables de esta suplantación forzada.
La justicia dominicana no puede permitirse el lujo de condenar a los vivos con la identidad de los muertos, porque cuando la verdad se vuelve irrelevante, todos estamos en libertad condicional.
Se fue excesivo en demasía
Al momento de su apresamiento, el joven hacía su pasantía médica en el hospital “Dr. Teófilo Hernández, de El Seibo. Ahora guarda prisión en la cárcel de Anamuua, en la provincia La Altagracia, consumiendo se entre cuatro paredes y con una carrera echada por tierra.
Si Carlos Martínez no es liberado y desagraviado de inmediato, quedará claro que en este país la ley no protege a los ciudadanos, sino que los devora para alimentar su propia simulación.
¡Basta de jugar a la justicia con la vida de la gente!
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